Ilegorri

Tres de Marzo de 1976, la policia desaloja la iglesia de San Francisco de Asis. Dentro uno de los grupos de trabajadores que ese día se habían organizado por toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz para llamar a la huelga. Gases lacrimógenos hacen salir a la multitud reunida en la parroquia. Los trabajadores armados con piedras no pueden defenderse de la carga policial. La policia disparó más de dos mil tiros, el resultado: cinco trabajadores muertos -Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Perea-, más de sesenta heridos graves, la mayoría con heridas de bala, cientos de heridos debido a palizas.

El clamor popular echó a la calle a cientos de trabajadores lo que significó además, que a partir de los siguientes días comenzasen las detenciones.

Fraga Iribarne era el ministro de la gobernación, Rodolfo Martín Villa el ministro de relaciones sindicales, el general Campano el director de la Guardia Civil. Además, Rafael Landin era el gobernador de la provincia, Jesús Quintana Saracibar el capitan que estuvo acompañado por la policia local de Vitoria-Gasteiz más los refuerzos de Miranda de Ebro y Valladolid.

En 1999 se constituía la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas de 3 de marzo con el firme proposito de que se conociese la verdad. Para conseguir el reconocimiento institucional de los hechos, reconocimiento de los afectados como víctimas de la violencia del Estado y exigir responsabilidades.

Hoy 31 años después, reclamamos que se considere a todas las víctimas de aquel día -los fallecidos, los heridos y los que padecieron privación de libertad- de la misma manera que el gobierno estatal reconoce a las personas que padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura. Y de la misma manera que perciban las mismas indemnizaciones.

Estos trabajadores fueron olvidados durante la transición democrática, en aras de la conciliación de todas las fuerzas políticas, y de las distintas posiciones ideológicas, hoy queremos recordarles y que se restituyan sus derechos. Es necesario el reconocimiento moral y también, el reconocimiento oficial de los responsables de lo que sucedió hace ya 31 años.